Derechos y Deberes Fundamentales
Los derechos y deberes fundamentales constituyen uno de los pilares esenciales de la Constitución Española de 1978, regulados en el Título I, que abarca los artículos 10 al 55. Este título, también conocido como la parte dogmática de la Constitución, establece los derechos y libertades que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos, así como los deberes que estos tienen en relación con el Estado y la sociedad. Estos derechos fundamentales están inspirados en textos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y son considerados inviolables.
Artículo 10: Principios Generales
El artículo 10 es el punto de partida de los derechos fundamentales y establece que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y los derechos de los demás son los fundamentos del orden político y de la paz social. Además, se establece que los derechos fundamentales deben interpretarse de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados internacionales ratificados por España.
Capítulo I: De los Españoles y los Extranjeros (Art. 11 a 13)
Este capítulo define quiénes son titulares de los derechos fundamentales y establece las bases para el ejercicio de esos derechos.
- Artículo 11: Regula la nacionalidad española, estableciendo que la misma se adquiere, conserva y pierde según lo dispuesto en la ley. Además, se impide que los españoles de origen puedan ser privados de su nacionalidad.
- Artículo 12: Fija la mayoría de edad en los dieciocho años, momento en que los ciudadanos adquieren la plena capacidad de obrar.
- Artículo 13: Establece que los extranjeros gozarán de las libertades públicas que garantiza la Constitución en los términos que establezcan las leyes y tratados. Además, regula aspectos como el sufragio y la extradición, limitando ciertos derechos políticos a los ciudadanos españoles, salvo excepciones establecidas por la ley.
Capítulo II: Derechos y Libertades (Art. 14 a 38)
Este capítulo se subdivide en dos secciones: una dedicada a los derechos fundamentales y libertades públicas, y otra a los derechos y deberes de los ciudadanos.
Sección 1: De los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas (Art. 15 a 29)
Esta sección protege los derechos más esenciales para el individuo, aquellos que son básicos para la vida en una sociedad democrática.
- Artículo 14: Proclama la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición personal o social.
- Artículo 15: Reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y moral, prohibiendo la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes. También suprime la pena de muerte, salvo en situaciones excepcionales contempladas por las leyes militares en tiempos de guerra.
- Artículo 16: Garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, dentro de los límites necesarios para mantener el orden público. Además, declara que ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal, asegurando el principio de laicidad en el Estado español.
- Artículo 17: Establece el derecho a la libertad y la seguridad, prohibiendo cualquier tipo de privación de libertad que no sea conforme a la ley. Regula también el tiempo máximo de detención preventiva (72 horas) y garantiza el derecho a la asistencia letrada desde el momento de la detención.
- Artículo 18: Protege el derecho al honor, la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen. Asimismo, regula la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones, salvo en los casos previstos por la ley.
- Artículo 19: Garantiza la libertad de residencia y circulación por todo el territorio nacional, así como el derecho a entrar y salir de España libremente.
- Artículo 20: Proclama los derechos de expresión y difusión del pensamiento, la creación literaria, artística, científica y técnica, la libertad de cátedra, y el derecho a la información. Sin embargo, el ejercicio de estos derechos no es absoluto, encontrando su límite en el respeto a otros derechos como el honor, la intimidad y la protección de la juventud e infancia.
- Artículo 21: Reconoce el derecho de reunión pacífica, sin armas y sin necesidad de autorización previa, salvo en casos de reuniones en lugares de tránsito público, que requieren comunicación previa a la autoridad.
- Artículo 22: Garantiza el derecho de asociación, con la limitación de que las asociaciones ilegales, secretas o de carácter paramilitar están prohibidas.
- Artículo 23: Regula la participación en los asuntos públicos, tanto de manera directa como a través de representantes elegidos en elecciones por sufragio universal.
- Artículo 24: Consagra el derecho a la tutela judicial efectiva, garantizando que todas las personas puedan acceder a los tribunales para defender sus derechos sin que se produzca indefensión.
- Artículo 25: Establece que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que, en el momento de producirse, no constituyan delito según la legislación vigente. También se regula el régimen penitenciario, orientado a la reeducación y reinserción social.
- Artículo 27: Reconoce el derecho a la educación, declarando la enseñanza básica como obligatoria y gratuita, y garantizando la libertad de enseñanza.
- Artículo 28: Protege la libertad sindical y el derecho a la huelga, aunque establece limitaciones para los funcionarios de cuerpos armados y la regulación de servicios esenciales durante huelgas.
- Artículo 29: Regula el derecho de petición, permitiendo a los ciudadanos dirigirse por escrito a las autoridades para solicitar o reclamar algo, dentro de los límites establecidos por la ley.
Sección 2: De los Derechos y Deberes de los Ciudadanos (Art. 30 a 38)
Esta sección establece tanto derechos como deberes, lo que refleja el equilibrio entre las libertades y las obligaciones de los ciudadanos hacia el Estado.
- Artículo 30: Fija el deber de los españoles de defender a España, regulando las obligaciones militares, la objeción de conciencia y otros deberes cívicos en situaciones de emergencia.
- Artículo 31: Regula el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad.
- Artículo 32: Establece el derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica entre los cónyuges, regulando aspectos como la separación y la disolución matrimonial.
- Artículo 33: Reconoce el derecho a la propiedad privada, pero subraya que estos derechos están limitados por su función social, conforme a lo que dispongan las leyes.
- Artículo 35: Declara el derecho al trabajo, la libertad de elección de profesión u oficio, y el deber de trabajar. También regula el derecho a una remuneración suficiente y a la promoción profesional.
- Artículo 36: Establece que la ley regulará el régimen jurídico de los colegios profesionales y las titulaciones exigidas para el ejercicio de profesiones.
- Artículo 37: Garantiza el derecho a la negociación colectiva entre trabajadores y empresarios, así como el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo.
- Artículo 38: Reconoce la libertad de empresa dentro de la economía de mercado, garantizando la productividad y el desarrollo económico.
Capítulo III: Principios Rectores de la Política Social y Económica (Art. 39 a 52)
Este capítulo recoge principios que, aunque no son derechos subjetivos directamente exigibles ante los tribunales, deben orientar la acción de los poderes públicos.
- Artículo 39: Asegura la protección social, económica y jurídica de la familia y establece la igualdad ante la ley de los hijos, con independencia de su filiación.
- Artículo 40: Obliga a los poderes públicos a promover condiciones favorables para el progreso social y económico, y a realizar políticas de empleo.
- Artículo 41: Establece un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes en situaciones de necesidad.
- Artículo 43: Reconoce el derecho a la protección de la salud, responsabilizando a los poderes públicos de organizar la salud pública y las medidas preventivas necesarias.
- Artículo 45: Proclama el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado, y establece la obligación de conservarlo, sancionando a quienes lo deterioren.
- Artículo 47: Establece el derecho de los españoles a una vivienda digna y adecuada, y regula la utilización del suelo para evitar la especulación.
- Artículo 50: Garantiza pensiones adecuadas y otros derechos para los ciudadanos durante la tercera edad, promoviendo un sistema de servicios sociales que atienda sus necesidades.
Capítulo IV: Garantías de las Libertades y Derechos Fundamentales (Art. 53 y 54)
En este capítulo se regulan las garantías que permiten asegurar la efectividad de los derechos fundamentales.
- Artículo 53: Señala que los derechos y libertades reconocidos en el Título I vinculan a todos los poderes públicos y solo pueden ser regulados por ley. Además, se garantiza la tutela judicial de estos derechos, así como la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional en caso de vulneración.
- Artículo 54: Crea la figura del Defensor del Pueblo.
